10 enero, 2018 |
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[BLOG] Pongamos fin al vacío regulatorio del corretaje

Con la elección de Sebastián Piñera como el próximo Presidente de la República, los mercados han mostrado gran optimismo de cara a lo que viene. En este sentido, uno de los sectores que dio señales más fuertes de expansión es la construcción, que proyecta un alza en la inversión de 2,4%, luego de tres años contraída.

Lo anterior se trata de una gran noticia para quienes nos dedicamos al corretaje de propiedades, no obstante, también vemos con preocupación que esta coyuntura dispare aún más la alta tasa de informalidad que predomina en nuestra industria, y que permite que cualquier persona, sin conocimientos ni experiencia, pueda ser corredor.

En concreto, hoy en Chile existen cerca de 10 mil corredoras de propiedades, y se estima que el 90% de ellas opera en la más completa informalidad, es decir, sin RUT empresa, ni oficinas establecidas, ni responsables legales claramente establecidos, por nombrar algunos aspectos.

Por ello, hoy más que nunca cobra importancia romper con este vacío regulatorio, ya que producto de la inexistencia de una normativa clara que defina los estándares mínimos para ejercer la profesión, se está dejando a la deriva a miles de familias que buscan vivienda en un mercado de propiedades que, solo en el Gran Santiago y a nivel de inmuebles usados, tuvo 40.500 transacciones durante 2016.

En nuestra opinión, esto sumamente delicado, especialmente si consideramos que las propiedades son uno de los bienes más complejos de transar del mercado, por un lado, porque su alto valor las transforman en el mayor patrimonio al que pueden aspirar muchas familias, pero también, porque la operación de compra, venta o arriendo de un inmueble, requiere manejar una gran cantidad de información crítica y compleja.

Por este motivo, nuestro mayor desafío es profesionalizar el corretaje de propiedades, promoviendo la autorregulación y ofreciendo nuevas tecnologías a nuestros asociados, con el fin de diferenciar a todos aquellos que hacen bien su trabajo, ya que un corredor capacitado es un intermediario virtuoso, que genera ganancias para sus clientes y garantiza a las partes que el bien en cuestión se tranzará en su justa dimensión.

Ahora bien, para poder profesionalizar definitivamente el sector, no basta solo con la autorregulación, sino que se requiere legislar y crear un sistema que resguarde los principios de buena fe, de certeza jurídica y de libre circulación de los bienes.

Un buen primer paso para esto, es poner en tabla –de una buena vez– el proyecto que crea un Registro Nacional de Corredores de Propiedades, que actualmente duerme en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados desde hace dos años.

Y luego, en el marco del debate, perfeccionar esta iniciativa, respondiendo algunos asuntos básicos: ¿Cuáles serán las exigencias que se deberán cumplir para ingresar al Registro de Corredores?, ¿qué obligaciones impondrá a sus miembros?, ¿se solicitarán estudios o cursos para formar parte?, ¿qué pasará con la gente que no está registrada y ejerza igualmente el corretaje?.

Por todo lo anterior, nos parece que este tema va mucho más allá de algo exclusivamente sectorial, más bien, afecta a toda nuestra sociedad y legislar no es un capricho, sino una urgencia.

Tomás Mena, Director ejecutivo Círculo de Corredores de Propiedades